El pasado 20 de octubre durante el ciclo Pensar en España, y con la presencia de la ministra de Empleo Fátima Báñez, se debatió sobre el sistema público de pensiones que tantos interrogantes plantea en estos momentos. La ministra aportó un mensaje de «traquilidad» según palabras suyas anunciando que en la nueva legislatura se hará compatible el cobro del 100% de la pensión con los ingresos procedentes de un empleo por cuenta propia o ajena sin límite de edad.
En la actualidad y desde mediados de marzo de 2013 se permite en este sentido la compatibilización del 50% de la pensión a quienes hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación y no tengan derecho a pensión completa, medida a la que se han acogido ya cerca de 30.000 personas. La novedad está pues en ampliarlo al cobro del 100% de la pensión, aunque la inciativa está pensada sólo para el sector privado.
La ministra mencionó que «nos debemos sentir legítimamente orgullosos del modelo público de pensiones que tenemos» y se quejó de que, a veces, no sea valorado tanto en España como se hace en el exterior. Esto a pesar de «la pérdida de 3,5 millones de cotizantes«.
Añadío además que «el Fondo de Reserva no es un fíin en sí mismo, sino un instrumento para atender el pago en situaciones de crisis. Las pensiones se pagan con empleo y se van a seguir pagando con empleo. Por cada nueva pensión se crean siete nuevos empleos en España. Ésa es la esperanza y la fortaleza del sistema.»
Por su parte Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial insistió en que las noticias que se publican sobre pensiones tratan de abordar un asunto «que inquieta, que urge afrontar y que requiere de un gran pacto de Estado«.
Rafael Doménech, economista jefe del BBVA Research, indicó que «se debería converger cuanto antes hacia un sistema de cuentas nacionales o individuales».
Una de las soluciones más repetidas por los expertos presentes en el foro fue la de financiar algunas pensiones como las de viudedad, orfandad y en favor de familiares con impuestos. Se planteó el IVA como el impuesto menos dañino a utilizar como complemento para la financiación de las pensiones. Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones Públicas por su parte defendió «la creación de un impuesto específico para sufragar las pensiones, vinculado a la riqueza«.
Carlos Bravo (CCOO) apuntó que «o se toman medidas para mejorar los ingresos o no se podrá mantener la solidaridad intergeneracional» y que las medidas urgentes a tomar lo harán «en el Pacto de Toledo«.
Iñigo Sagardoy (Sagardoy Abogados) señaló que «son necesarias algunas reformas para que el sistema siga siendo viable pero que hay que hacerlo con consenso» y Santiago Font (Zurich) resaltó la necesidad de completar la pensión pública con planes privados de pensiones.
Fuente original El Mundo. Ver artículo
