Hay algo en lo que, y salvo diferencias de cifras, están de acuerdo todas las partes entendidas en el tema y las responsables de su gestión, y es en que con la situación actual, a largo plazo va a ser imposible mantener la cuantía de las pensiones públicas si no se aplican profundas reformas al sistema. A la vista de las últimas proyecciones de población que muestran el progresivo envejecimiento de la misma, la reforma no admite más demoras.
Como posibles soluciones, en primer lugar un objetivo a cumplir puesto encima de la mesa por parte de la ministra Fátima Báñez, y es el permitir que quien cobre una pensión de jubilación pueda trabajar y seguir recibiendo el 100% de la misma.
Una posibilidad de reforma sería, según el ex ministro Jordi Sevilla, crear un impuesto específico para sufragar las pensiones de viudedad y orfandad y retirar ese gasto de la caja de la Seguridad Social, medida esta cada vez más aceptada por los diferentes grupos políticos.
Otros políticos indican como salida la convergencia entre el sistema actual con otro de «cuentas individuales» como en otros países europeos.
Los políticos tienen razón cuando dicen que las pensiones públicas están garantizadas, pero no son demasiado honrados cuando callan sobre cual será su cuantía en los próximos años. Parece pues una cuestión de voluntad política y arrojo para plantear la realidad a los ciudadanos.
Fuente original: El Mundo. Ver artículo
