Los problemas del sistema español de pensiones (II). Posibles soluciones

Artículo original de Valeriano Gómez (Ex-ministro de Trabajo; patronato Fundación AGE)

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En el estancamiento en los ingresos del sistema de pensiones, además de la enorme caída del empleo durante la primera parte de la crisis y la devaluación salarial del periodo 2012-2013, influyen al menos otros tres importantes factores: el aumento del empleo a tiempo parcial, la utilización de los fondos para cuestiones que no tienen que ver con las pensiones y la congelación del Salario Mínimo Interprofesional. 

En la actualidad

En primer lugar, la creciente importancia del empleo a tiempo parcial que hoy ya alcanza a alrededor del 20% de la afiliación del sistema de seguridad social.

En segundo lugar, el impacto de la financiación de buena parte de la política de estímulos al empleo a través de reducciones de las cotizaciones a la Seguridad Social que no son compensadas por el Estado (los datos en este ámbito son poco transparentes, pero se estima en casi 3.000 millones de euros).

Por último y, en tercer lugar, la práctica congelación del Salario Mínimo Interprofesional durante el periodo 2012-2015. Como el SMI juega el papel de suelo en la base mínima de cotización, su congelación hace que una buena parte de la afiliación con bases de cotización mínimas apenas experimenta crecimiento. No hay que olvidar la gran aportación que por el lado de los ingresos desempeñó la intensa mejora del SMI realizada en el periodo 2004-2008. El crecimiento de algo más del 33% del importe de SMI contribuyó también de forma significativa a la mejora de los ingresos por cotizaciones.

El mayor déficit en décadas

En las condiciones actuales el sistema presenta un déficit anual situado en el entorno de 16.000 millones de euros. Pero el problema es que la tendencia es ascendente. Como los ingresos apenas crecen algo más del 1% anual, mientras que la tasa de incremento en el gasto supera el 3%, el déficit anual permanecerá en el entorno de los 18.000 millones a lo largo de los próximos años, y ello contando con un crecimiento de la afiliación de alrededor de 500.000 afiliados más al año.

Tras la retirada de 8.700 millones del Fondo de Reserva realizada hace unos días, los recursos restantes del Fondo ascienden a algo más de 25.000 millones de euros. Como hará falta retirar una cantidad similar a final de 2016, cuando comience el año próximo, teniendo en cuenta los rendimientos del Fondo, apenas se contará con 19.000 millones de euros con lo que las reservas desaparecerán al finalizar 2017 o durante el primer trimestre de 2018.

Sin fondo de reserva y con más déficit

Se trata de una situación difícil, pero lo más preocupante es que el mismo gobierno que agotará el Fondo de reserva de las pensiones y que mantiene un déficit que se situará durante los próximos lustros en una cuantía no inferior a los 20.000 millones de euros si no se toman medidas, ha abordado durante el pasado año una rebaja impositiva que lastrará los ingresos públicos en alrededor de 7.000 millones de euros y mantiene uno de los niveles de cobertura al desempleo más bajos de las dos últimas décadas (situarlo en un nivel razonable, en torno al 70% de los desempleados, exigiría un gasto adicional no inferior a los 6.000 millones de euros).

Antes de la rebaja fiscal con que abordó las elecciones de diciembre pasado le faltaban 26.000 millones para abordar los problemas del sistema de pensiones y de protección del desempleo. Después de ella, le faltan 33.000. A Laffertodavía le estamos esperando.

Ya se vio en la reforma de 2011

A lo largo del último lustro se ha consolidado progresivamente la idea de que nuestro sistema necesita recursos complementarios. La reforma de las pensiones de 2011, plasmada en el Acuerdo Social y Económico alcanzado entonces, ya establecía la necesidad de abordar cambios en el modelo de financiación del sistema de pensiones. Las previsiones entonces señalaban que, de acuerdo con las proyecciones demográficas, el gasto en pensiones alcanzaría una cifra cercana al 13% del PIB, mientras que los ingresos procedentes de las cotizaciones no superarían el 10% del PIB. El desfase, que llegaría a alcanzar una cifra equivalente a alrededor de 30.000 millones de euros corrientes, debería cubrirse con recursos adicionales a los que hoy se obtienen.

No basta con crear más empleo

Durante los últimos cinco años el deterioro financiero del sistema ha sido muy superior y más rápido. Para el Gobierno del PP se trataría de una situación coyuntural, bastaría con una mejora del empleo como la que se ha producido durante los dos últimos años para enderezar la situación.

Para tener una idea aproximada del rigor, más bien escaso, que acompaña a este tipo de visión hay que subrayar que para equilibrar financieramente el sistema habría que tener 3,1 millones de afiliados más que los que hoy tenemos. Si la afiliación creciera a razón de 500.000 nuevos afiliados al año el déficit permanecería estable en el entorno de 20.000 millones anuales. Para alcanzar el equilibrio, los afiliados deberían crecer en alrededor de 700.000 afiliados más al año durante un periodo consecutivo de 12 años.

Como creo que estas cifras ilustran sobradamente la dimensión del problema, y la insuficiencia a corto y medio plazo de las recetas que plantea el actual Gobierno, basadas únicamente en la mejora del empleo como forma de reequilibrio del sistema, es mejor ponerse ya a trabajar en serio.

Opciones

Hay algunas cosas que se pueden hacer sin elevar cotizaciones o establecer alguna figura tributaria nueva o complementaria de las existentes. Por ejemplo, si la política de estímulos al empleo fuera financiada por el presupuesto del Estado podrían incrementarse los ingresos en alrededor de 3.000 millones de euros anuales. Además, una subida sostenida de alrededor del 4% anual en el Salario Mínimo Interprofesional durante el próximo lustro podría aportar ingresos adicionales de casi 1.500 millones al año mejorando además nuestro nivel de igualdad salarial, muy deteriorado durante los últimos años. Junto a ello, suprimir los topes máximos de cotización hoy vigentes podría mejorar los ingresos en no menos de 4.000 millones de euros (es cierto que los gastos en pensiones también crecerían dado que habría que subir en una medida similar los topes máximos de pensión) pero habría una ganancia transitoria de tesorería durante el periodo de ajuste.

La implantación de estas medidas no evitaría la necesidad de nuevos ingresos pero reduciría la intensidad del gravamen complementario. Si todo el peso de los nuevos ingresos recayera sobre una figura que, de modo similar al establecido en Francia, incrementara la contribución al sistema a través del IRPF y el Impuesto de Sociedades la recaudación actual debería crecer en algo más del 20%, una cuantía no precisamente pequeña.

Algo parecido ocurriría si el impuesto a recargar fuera el IVA. De ahí que no deba descartarse una salida transitoria consistente en un paquete de medidas mixto que incluyera también, junto a la nueva figura tributaria, un incremento en las cotizaciones sociales a cargo de trabajadores y empresarios. No es desde luego la mejor opción, pero los tipos de cotización españoles son hoy inferiores a los vigentes a lo largo del último tercio de siglo y, dada la reducción de costes laborales llevada a cabo con la devaluación salarial, permitiría un margen de actuación complementario (un punto de cotización adicional supone hoy alrededor de 3.000 millones de nuevos ingresos).

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