Hoy queremos reproducir aquí parte del artículo de eleconomista.es el pasado octubre acerca de la relación de los datos demográficos en nuestro país con el ya problema de las pensiones, donde el autor aporta su opinión sobre cómo abordar la situación.
Se viene alertando sobre el problema de las pensiones desde hace años, y muy especialmente desde la última modificación de 2011 que comenzó a aplicarse en 2013. Unas modificaciones que afectaban específicamente a tres aspectos: elevación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años; ampliación del cómputo de la pensión de 15 a 25 años, con el aumento desde los 35 a los 37 años para lograr el cien por cien de la base reguladora; y la incorporación de un factor de sostenibilidad con una evaluación quinquenal del sistema público que se acompaña con las correcciones paramétricas correspondientes para asegurar la sostenibilidad del sistema.
El objetivo no era otro que evitar la quiebra del sistema a corto plazo y dejar el verdadero problema en el futuro. Así, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pasó el asunto al siguiente de Mariano Rajoy y este, aún en funciones, y próximamente quizás ejecutivo, parece que lo confía todo a la creación de empleo, sin constatar que se trata de un grave problema estructural que ya está con toda su crudeza encima de nosotros.
El junio pasado ya se totalizaban unos 9,5 millones de pensionistas, con una pensión media por encima de los 1.000 euros mensuales. La Seguridad Social tuvo que responder con casi 8.500 millones de euros a las pensiones contributivas, que de junio a junio crecieron por encima del 3% entre 2015 y 2016. Independientemente de que la hucha de la Seguridad Social se vacíe progresivamente, su déficit global puede superar este año los 18.000 millones de euros, por encima del 1,6% del PIB. Lo que establece una losa adicional a la hora de estabilizar las cuentas del Estado de acuerdo a los requisitos de Bruselas.
Dejarlo todo al crecimiento del empleo no basta. Es confiar demasiado en un ciclo económico altamente inestable. Si el mayo pasado la afiliación a la Seguridad Social crecía a un excelente ritmo anual del 2,6%, y las cuotas lo hacían incluso por encima al 2,8%, se hundían a su vez las cuotas de los desempleados en un 8%, a la vez que el gasto en pensiones aumentaba el 3,3%. No hace falta ser un gran experto en estadística para ver que algo falla en el sistema. Y lo que falla no es otra cosa que el ya antiguo y permanente problema demográfico de España.
Hace unos días el Instituto Nacional de Estadística publicaba las proyecciones de evolución de la población residente en España hasta enero de 2031 y la situación en 2066. Según esto la población española irá decreciendo y estará más envejecida. En concreto, se prevé que España pierda 5,4 millones de habitantes desde 2016 hasta 2066. Todo, con la llegada de 3,1 millones de migrantes extranjeros que arribarán a nuestro país, y los hijos y nietos que tendrán si aquí se quedan.
Se viene hablando de un nuevo Pacto de Toledo obviando estas realidades. Lo necesario, sin embargo, es abordar el problema desde dos ángulos antes de que estalle con toda su crudeza. Lo primero, implantar políticas de ayuda a las familias. Lo que requiere ir más allá de la simple conciliación. Se trata de algo más profundo, que facilite la estabilidad familiar y nuevas políticas de natalidad.
Lo segundo, abordar de una vez por todas un esquema de pensiones nuevo, que escape del reparto con prestación definida basado en un sistema de fondo de reserva que no contempla las fluctuaciones demográficas. Se trata, por el contrario, de facilitar la libertad de los contribuyentes de manera que elijan el sistema de pensiones que libremente deseen, donde las pensiones contributivas obligatorias estén autofinanciadas. A lo que hay que añadir la necesidad de un sistema donde la transparencia, la simplicidad y la credibilidad estén fuera de las pugnas políticas.
