El Pacto de Toledo hoy…

Reproducimos aquí el artículo escrito por Carles Campuzano, diputado de CiU y portavoz de este grupo en la Comisión del Pacto de Toledo, y miembro del patronato de la Fundación Activos de Gran Experiencia.

Hay quien ha asegurado, quizás desde el desconocimiento, quizás desde la mala fe, que el Pacto de Toledo es un muerto viviente y que, por tanto, ya no es el instrumento adecuado que permita articular las reformas reclamadas por el sistema de pensiones para garantizar su futuro.

Estoy convencido de que este es un planteamiento erróneo. La iniciativa conjunta de los principales grupos parlamentarios de relanzar los trabajos de la comisión del Pacto de Toledo expresa la determinación política de recuperar el diálogo y la vocación de consenso para avanzar en la mejora y la adaptación de la joya del Estado de bienestar: el sistema de pensiones. El Pacto de Toledo ha sido un magnífico ejemplo de una política reformista, fundamentada en el diálogo social y político. Son más de 15 años de reformas, apoyadas en muchos casos por mayorías parlamentarias muy amplias y legitimadas por el acuerdo con los agentes sociales, que han permitido mejorar la fortaleza financiera del sistema de pensiones, ampliar el nivel de protección social e incorporar mayor equidad en su funcionamiento. Con insuficiencias, claro que sí. Además, y desde nuestra perspectiva partidista, nos sentimos corresponsables de ello por el hecho de haber defendido entre 1993-1995, y de la mano de Miquel Roca, la necesidad de un gran acuerdo en esta materia, como garantía para los pensionistas de entonces, de hoy y mañana.

No es menor que el arco parlamentario, en su conjunto, comparta la idea de que un sistema público de pensiones debe orientarse, fundamentalmente, a la reducción del riesgo de la pobreza entre las personas mayores y que debe aspirar a garantizar el mantenimiento del nivel de vida de los ciudadanos una vez dejan de trabajar por razones de edad. La sostenibilidad financiera del sistema de pensiones no es tanto un objetivo en sí mismo como un requisito para garantizar el cumplimiento de su finalidad. La discusión principal y primera no es financiera, es política, y tiene que ver con si, como sociedad, continuamos apostando por un sistema que pretende alcanzar esos objetivos.

El pacto ha sido un magnífico ejemplo de una política reformista fundamentada en el diálogo social y político

Ciertamente en el desarrollo del sistema de pensiones han existido discrepancias importantes entre los principales partidos. La no revalorización de las pensiones por el Gobierno del PP ha sido objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de los grupos de la oposición, entre ellos CiU, y el real decreto ley que endurece la jubilación anticipada y parcial ha sido rechazado en bloque por toda la oposición. Hemos considerado que esta reforma era innecesaria e injusta, en unos momentos en el que el desempleo golpea duramente a los mayores de 50 años, siendo este un colectivo amenazado por el paro de larga duración.

El Gobierno ha impulsado la creación de un grupo de expertos plural para que traslade, durante los próximos meses, una propuesta concreta para desarrollar esta previsión. Se trata de una cuestión de una complejidad técnica considerable y altamente sensible en lo político y lo social. Es evidente que esta es una materia que por su trascendencia necesita un acuerdo de fondo muy amplio y muy convencido. Y así lo han hecho los países europeos que en los últimos años han incorporado reglas de este estilo en sus sistemas de pensiones. Es ahí donde hay que buscar inspiración.

Otro factor que no hay que olvidar es que no se puede confundir el reto que representan los cambios demográficos, que se están viviendo, y se vivirán con mayor intensidad durante los próximos años, en las sociedades avanzadas, con los impactos que la crisis está provocando en el sistema de pensiones; los déficits de hoy se explican por el desempleo masivo y la destrucción de miles de empresas, y no por la demografía.

La próxima jubilación de la generación del baby boom —los nacidos entre mediados de los cincuenta y finales de los setenta—, el aumento de la esperanza de vida y la menor tasa de fertilidad de las mujeres son variables que tienen un impacto directo en un sistema público de reparto y de solidaridad entre generaciones, en el que la relación entre cotizantes y pensionistas es crucial, y que, si no adapta sus reglas, verá como el gasto aumenta de manera insostenible. A todo ello hay que añadir: los nuevos estilos de vida de los ciudadanos, la transformación del mundo del trabajo por el impacto de las revoluciones tecnológicas y la competencia de las economías emergentes, que obligan a repensar que la principal vía de financiación de las pensiones esté directamente vinculada al coste del trabajo; o las nuevas desigualdades emergentes entre las personas mejor formadas, con mejores empleos, y aquellas personas que trabajan en sectores con niveles de remuneración muy bajos… Todo ello obliga a un proceso permanente de cambios y reformas graduales que el Gobierno no puede liderar en solitario, ya que afectan al Estado de bienestar, y que comparte todo el arco parlamentario. Y aquí está la gran fortaleza y acierto de los Pactos de Toledo. Que las soluciones y respuestas de hoy no hipotequen nuestro futuro.

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