Exponemos aquí las propuestas de puntos necesarios para una reforma del sistema de pensiones extraída del artículo de Jesús Mota publicado en El Pais a principios de noviembre.
¿En qué consistiría la reforma financiera o corrección del sistema de pensiones públicas? A título indicativo, el paso inicial es un acuerdo político-social sobre una reforma profunda dentro del actual sistema de reparto. El acuerdo trasciende el Pacto de Toledo; debe implicar un compromiso de los agentes políticos y sociales a largo plazo, porque el modelo vigente implica una distancia creciente en el periodo de percepción de la pensión. Importan por supuesto y mucho las decisiones de reforma a corto plazo, para prevenir los recortes. En el marco de ese acuerdo deseable parece oportuno explorar algunas vías de acción. Como estas:
- Respaldo presupuestario, en lo que permita la política de estabilidad, de los derechos de los trabajadores activos y los jubilados.
- Supresión rápida y ordenada de las exenciones y reducciones de cotización (como las tarifas planas) que se aplican como estímulo a la creación de empleo e incentivan poco o nada.
- Sondear la posibilidad de crear recargos fiscales transitorios (en Renta o en Sociedades), para hacer frente al descenso de ingresos. El PSOE ya ha propuesto un tributo especial.
- Calcular el impacto y consecuencias de eliminar parcialmente el tope máximo de cotización, quizá aplicable a las rentas salariales más altas. En este punto, el debate es enconado porque se supone que eliminar el tope de cotización debería tener como consecuencia un aumento correlativo de la pensión máxima. Según los más cautelosos, implicaría un encarecimiento del factor trabajo.
- Reforma o recorte de la pensión de viudedad, pensada inicialmente como una compensación en un mercado laboral con escasa presencia de la mujer. Podría considerarse la sustitución del régimen actual por una prestación pagada por una sola vez.
- Ampliación efectiva de la edad de jubilación, pactada con las empresas. En este ámbito, sería oportuno sondear también la modificación de las normas que impiden a un jubilado seguir trabajando, siempre y cuando pague una cotización.