Tras varios artículos publicados sobre este tema en nuestra web, aportamos en este caso posibles soluciones planteadas por Manuel Lagares en su artículo del principios de enero de este año y tras su asistencia a la Mesa sobre las Pensiones organizada por El Mundo.
La ministra de Empleo y Seguridad Social expuso en dicha Mesa una idea que tuvo inmediata repercusión mediática: la de que los jubilados pudieran compatibilizar el cobro de su pensión con otros trabajos remunerados. La idea causó revuelo y algunos han manifestado temor ante el envejecimiento de las plantillas y la mayor dificultad para la entrada de jóvenes en las empresas. Quizá esa idea tenga que perfilarse más, pero para evitar algunos de esos riesgos bastaría, por ejemplo, que la jubilación implicase obligadamente la ruptura de la relación laboral anterior sin impedir el acceso a otro empleo distinto en empresa diferente. En cuanto a los jóvenes, son los que más van a faltar en este país dentro de poco.
En cuanto al problema de las cotizaciones sociales, se da en estos momentos que las pensiones iniciales de los jubilados no guardan mucha relación con las cotizaciones que sus empleadores y ellos mismos han efectuado a la Seguridad Social a lo largo su vida activa. En algunos casos, esas pensiones son superiores al valor actual de lo aportado y en otras claramente inferiores, pues para establecerlas sólo se tiene en cuenta una parte de las cotizaciones y, además, la pensión resultante se corrige al alza o a la baja. En segundo término, la actualización anual de las pensiones, aunque no está ya ligada al índice de precios al consumo como hasta hace poco, lo está ahora a un factor de revalorización, establecido por ley que tiene en cuenta la tasa de variación de los ingresos de la Seguridad Social.
Para evitar que ese nuevo factor conduzca a revalorizaciones anuales negativas y para moderar su excesivo crecimiento posible en otros casos, la ley ha establecido que su valor mínimo sea de 0,25% y que la revalorización máxima no exceda nunca del valor del índice de precios al consumo más un 0,5%.
La recaudación de las cotizaciones sociales ha crecido poco pese al importante aumento del empleo en 2015, a la apreciable subida de afiliaciones al sistema y a la ligera mejora de los salarios medios en ese año. Dos factores parecen conjugarse a este respecto. El primero, la propia naturaleza de las cotizaciones sociales, pues son impuestos muy anticuados sobre el uso de trabajo, establecidos por categorías profesionales y con altos tipos de gravamen, pero aplicados sobre bases tarifadas y con topes máximos en lugar de sobre las auténticas retribuciones salariales. El segundo, el amplio conjunto de bonificaciones, reducciones y exenciones que arrastran esas cotizaciones y que arruinan su recaudación, probablemente con escasos efectos sobre el empleo. Por eso, la puesta al día de las cotizaciones sociales debería venir por una reforma que las hiciese recaer, con tipos de gravamen mucho más reducidos que los actuales y sin exenciones, reducciones o bonificaciones ni topes máximos, sobre los ingresos brutos de trabajo computados ya en el IRPF, que constituyen una base tributaria muy amplia y flexible. Si las cotizaciones sociales, con menores tipos de gravamen que los actuales, recayesen sobre los mismos ingresos brutos de trabajo que el IRPF, resultaría posible una gestión unificada de ambos tributos con importantes ahorros de costes indirectos tanto para las empresas como para la Hacienda pública.
Los topes en las cotizaciones se vienen justificando por la contributividad, es decir, para mantener una cierta relación entre cotizaciones y pensiones máximas. Quizá en el futuro, tras una transición posiblemente larga, la pensión inicial deba fijarse atendiendo al saldo que cada trabajador haya acumulado en una cuenta nocional individualizada, que refleje todas las cotizaciones satisfechas por ese trabajador y por su empresa, así como los intereses devengados por tales cotizaciones. La contributividad de las pensiones quedaría así efectivamente garantizada, sin perjuicio de que se mantuviesen complementos de mínimos para las pensiones más reducidas. Esa idea se aplica ya en buena parte de Europa y no ha llevado al abandono del sistema de reparto en que se fundamentan nuestras pensiones.
ES MUY probable, sin embargo, que la presión de los factores demográficos y económicos descritos exija aún de mayores ingresos para financiar las crecientes pensiones. En ese caso se debería recurrir a algún recargo de solidaridad para financiarlas adicionalmente.
eso la solución que se viene aplicando en Europa es la de establecer ese recargo sobre el IVA, cuyas bases imponibles son muy extensas, generales, neutrales y flexibles y que, además, excluyen a las exportaciones pero gravan a las importaciones, lo que ayudaría a mejorar el saldo de nuestra balanza exterior.
Los pensionistas no deberían temer el próximo agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social sino los crecientes déficits del sistema de pensiones. Los Fondos de Reserva sólo proporcionan cierta liquidez para pagarlas, pero no evitan sus déficits, que son los que representan el auténtico problema de estas prestaciones. Resolver esos déficits, garantizando así el futuro de las pensiones, debería constituir tarea inmediata del nuevo Gobierno.
