Pensiones pendientes del empleo

Reseñamos aquí el artículo escrito por Andreu Missé (Director de la revista Alternativas Económicas) en relación al futuro de las pensiones en España, publicado el pasado noviembre en el número 42 de la revista.

El pago de las pensiones vuelve a angustiar a la mayoría de ciudadanos. Las noticias sobre el actual agujero del sistema (17.000 millones de euros) han disparado las preocupaciones. Los pensionistas temen la congelación o reducción de las prestaciones en los próximos años. Pero sobre todo son los trabajadores de cuarenta años o menos los que tras las reformas efectuadas corren mayor riesgo de recibir unas pensiones ínfimas cuando llegue su momento de jubilación.

El sistema proporciona prestaciones muy humildes a la mayoría de beneficiarios. Hay que tener presente que el 48% de todas las pensiones son inferiores a 655 euros al mes. En el caso de las viudas, el 67,5% de las beneficiarias perciben cantidades inferiores a esta cuantía. El 40% de las pensiones de jubilación tampoco superan este importe. Los futuros recortes, por lo tanto, conducirán a un tipo de prestaciones que se parecerán cada vez más a ayudas de subsistencia.

Es un hecho cierto que el alargamiento de la esperanza de vida es una dificultad añadida para asegurar la garantía de las pensiones a largo plazo. Sin embargo, este no es el principal problema del sistema de pensiones de este país, que se ha deteriorado por la falta de un número suficiente de cotizantes y en especial por la devaluación de los salarios, que ha moderado sensiblemente el crecimiento de los ingresos.

Ignacio Zubiri, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, es muy crítico con el impacto de la dos últimas reformas realizadas en 2011 por el PSOE y en 2013 por el PP. Según sus estudios, ambas reformas implicarán una reducción sustancial de la pensión, que en el horizonte de 2050 puede caer más del 40% en relación con lo que hubiera sido sin reforma.

Los aspectos más relevantes de la reforma de 2011 fueron los siguientes: la ampliación de la edad de jubilación, de sesenta y cinco a sesenta y siete años de manera progresiva hasta 2027; la ampliación del período de cálculo de la base reguladora de quince a veinticinco años, y la introducción del factor de sostenibilidad. Este último implicaba que a partir de 2032 se revisarían las pensiones por el aumento de la esperanza de vida, lo cual implicaba en la práctica que se bajarían. El coste de esta reforma para los pensionistas será de en torno al 20% sin factor de sostenibilidad, y de entre el 25% y el 30% si se incluyera el factor de sostenibilidad.

La reforma de 2013 significó otra vuelta de tuerca al sistema y dio una forma más concreta al factor de sostenibilidad, que adelantó su aplicación a 2019. A partir de este año, las pensiones iniciales se reducirán por el aumento de la esperanza de vida a los sesenta y siete años. “Lo que ocurre”, señala Zubiri, “es que si se espera que el pensionista viva un 5% más, su pensión inicial se reduce en un 5%”.

También se introdujo un índice  de revalorización. Se eliminó el criterio de que las pensiones de revalorizasen según el índice de precios al consumo (IPC) como se había hecho hasta entonces, y se sustituyó por el índice de revalorización, que depende de la solvencia del sistema. Para evitar que el índice sea negativo se acordó un aumento del 0,25%, durante los primeros años. El coste medio de la reforma de 2013 supone una reducción promedio del 15%.

Zubiri cree que lo esencial de esta reforma, como en las anteriores, es que no considera un aumento de recursos, sino que se “basa en una reducción de las pensiones, que bajan hasta que lo que se gasta se iguale a lo que se ingresa”. “Para ello”, precisa, “la reforma se ha limitado a establecer dos reglas automáticas de reducción de las pensiones. La primera se aplica cuando la población envejece, y la segunda cuando los gastos son inferiores a los ingresos.

La negativa experiencia de estas reformas para los pensionistas y la persistencia de un agujero que en los próximos años superará los 20.000 millones de euros anuales han conducido a profundizar en las causas y plantear soluciones.

Valeriano Gómez, economista y ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, señala que desde el punto de vista de los ingresos hay “un doble problema: devaluación salarial y deflación, que impiden cuadrar el sistema”. Insiste en que con los ingresos de las cotizaciones nunca se ha superado el 10,5% del PIB y a largo plazo el gasto alcanzará el 13,5%, luego faltan 3,5 puntos. Su propuesta comprende tres aspectos: “Reducción de las bonificaciones para el fomento del empleo, supresión del tope de las cotizaciones y aumento del salario mínimo”. Precisa que una subida del 4% anual significaría un 20% en cuatro años.

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